La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acoge este lunes, día 16, la vista de apelación conra el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra que impuso 13 años y medio de prisión para el autor del Crimen de Coia, al que halló culpable de un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas.

Así, en base al veredicto, la Audiencia consideró probado que este vigués mató a un hombre al que conocía desde hacía años, Francisco Javier B.D., que se presentó en su domicilio en la noche del 6 de abril de 2024, armado con un machete y una barra metálica.

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La magistrada presidenta indicó en la sentencia que el acusado le abrió la puerta de su vivienda portando una escopeta, con la que realizó dos disparos, uno de los cuales lo efectuó a menos de un metro de distancia de la víctima, impactando en su mejilla y región cervical izquierda, lo que le causó la muerte.

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Tal y como concluyó el jurado, la resolución indicó que el acusado actuó aceptando que podría acabar con la vida de la víctima y sin que ésta tuviera oportunidad de defenderse. Además, los disparos los realizó con una escopeta que tenía en su casa, careciendo de licencia, y con el número de serie borrado, por lo que era un arma prohibida.

En el momento de los hechos, José Luis tenía sus capacidades levemente afectadas por el consumo de cannabis y cocaína y por estar diagnosticado de un trastorno de salud mental. Asimismo, la Audiencia señala que actuó "por pánico o terror tal, ante la presencia de la víctima con un cuchillo y una barra de acero, que limitó levemente su capacidad de actuar de otra manera".

Igualmente, en la sentencia se indica que, cuando ya estaba detenido por la Policía como posible autor de los hechos, el acusado confesó la autoría, lo que contribuyó de forma eficaz a la investigación.

Atenuantes y penas

A la hora de dictar las penas, la Audiencia tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes de alteración psíquica, miedo insuperable y confesión. Por el delito de asesinato con alevosía lo condenó a 12 años y medio de prisión, y por el de tenencia ilícita de armas a un año de cárcel.

Con respecto a la responsabilidad civil, estableció que deberá indemnizar a los familiares del fallecido (padres, hermanas e hijos) en cantidades que suman más de 386.000 euros, y pagar otros 609,01 euros a un vecino cuyo coche fue alcanzado por uno de los disparos de la escopeta, causando daños materiales.