El juzgado de Primera Instancia 9 de Vigo ha dictado una sentencia en la que condena a la compañía aseguradora Allianz a abonar el coste de una abogada a una clienta, con la que tenían suscrita una póliza que incluía "defensa jurídica", después de que ésta hubiese incurrido en ese gasto al verse implicada en un proceso judicial penal.
Según la sentencia, a la que ha tenido Europa Press, la demandante intervino en un proceso penal (como acusación) por lesiones, maltrato de obra y amenazas y contrató a una abogada. Como su póliza de seguro de hogar cubre la defensa jurídica reclamó los gastos, algo más de 3.200 euros, a la aseguradora.
Allianz rechazó asumir ese gasto, alegando que los gastos jurídicos del proceso penal en el que su clienta había estado inmersa no entran dentro de las coberturas de la póliza y, por tanto, se excluyen del "interés asegurado".
El juzgado, en su resolución, señala que la aseguradora aportó un documento para justificar dicha "delimitación contractual", que no está firmado por la clienta. Por tanto, concluye, no prueba la entrega del condicionante general, ni que esté acreditado que las condiciones generales que supuestamente delimitan el riesgo asegurado hayan sido suscritas y conocidas por la clienta.
Por ello, ha condenado a la compañía a abonar esos gastos a la demandante, más los intereses correspondientes.
La abogada Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, que defendió los intereses de la demandante, ha resaltado que la sentencia es "relevante" porque condena a una asegurado por una práctica "cada vez más común en el sector: negar coberturas sin razón para ello", especialmente cuando los asegurados con defensa jurídica eligen profesionales de su confianza, en lugar de los designados por el propio seguro.
El juzgado señala que el SEPE no tuvo en cuenta, en dos ocasiones, el tiempo que cotizó como empleada del hogar cuando pidió su prestación
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