Cierran un local de Vigo que abría como 'after' donde se consumía droga y se practicaba sexo

El Concello ha ordenado el cierre de un céntrico local de Vigo tras detectar numerosas infracciones en continuadas inspecciones. Un conflicto que se alarga en el tiempo, y con el que Urbanismo resuelve la situación de este negocio que ejercía como pub o 'after' sin licencia, incumpliendo diversas normas.

Ubicado en la calle Roupeiro, este establecimiento cuenta desde hace tiempo con una licencia de café-bar. No obstante, numerosas visitas de la Policía Local acreditan que en realidad funcionaba como una discoteca o after "con altavoces, pista de baile y con la salida de emergencia bloqueada". Unas infracciones que incumplen notablemente los permisos para un local de las características que recoge la normativa.

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Papelinas de cocaína, tabaco y sexo

Sin embargo, en estas visitas policiales, los agentes llegaron a encontrar otros riesgos de seguridad. En los diferentes partes que remitieron, notificaron que en el local hallaron desde "papelinas, bolsas destinadas al consumo de cocaína" hasta "colillas de cigarrillos y presencia de humo de tabaco" en el interior del establecimiento.

Igualmente, advirtieron que este pub contaba con una planta superior que se había construido sin pedir los permisos necesarios. Allí, los clientes practicaban sexo en distintos espacios divididos como probadores y en los que había "un potro para realizar sexo así como las otras estancias para lo mismo". Por todo ello, y teniendo en cuenta que este local abría como discoteca en una Zona Acústicamente Saturada, el Concello ha ordenado su cierre inmediato.

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Respuesta del local

Frente a ello, la propiedad trató de evitar la resolución alegando que los altavoces se habían reubicado para no molestar y que el resto de infracciones eran "son de carácter leve y se procedió a subsanarlas". Respecto a las obras realizadas sin licencia, aseguran que fueron llevadas a cabo por los anteriores dueños del establecimiento.

Con todo, el Concello insiste en el cese definitivo y advierten que, de no ejecutarlo, se enfrentan a sanciones que pueden ir desde el precinto policial del negocio hasta el corte de luz y agua o multas de hasta 10.000 euros al mes.