El Gobierno acatará la sentencia que asegura la permanencia de Ence en Pontevedra

El Gobierno estudiará en detalle la sentencia del Tribunal Supremo, así como su voto particular, que da la razón a la empresa papelera Ence situada en la ría de Pontevedra y que corrige a la Audiencia Nacional, que anuló la prórroga a la empresa concedida por el Ejecutivo en 2016. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a Europa Press que añaden que, en todo caso, el departamento que dirige Teresa Ribera está a la espera de conocer en su totalidad el fallo del alto tribunal.

Este martes, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos presentados por Ence y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga que determinaba la continuidad de la factoría en la ría de Pontevedra hasta el año 2073.

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En concreto, la resolución con fecha de 20 de enero de 2016, autorizada por el Gobierno otorgaba a Ence una prórroga de 60 años (a contar desde la fecha de solicitud, en 2013) de la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre destinada a la fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra.

En un comunicado, la justicia ha informado de que la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, “siempre que consten informes medioambientales favorables”. En el asunto analizado, remarca, “constaban informes favorables de la Administración en esa materia”.

Con esta decisión, el Supremo invalida tres sentencias previas de la Audiencia Nacional, que anuló la prórroga de la concesión de Costas. Estos tres fallos daban la razón, respectivamente, al Ayuntamiento de Pontevedra, a Greenpeace y a la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). En concreto, el alto tribunal explicaba que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prórroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación.

Asimismo indicaba que, de acuerdo con la prueba pericial practicada, se desprendía que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, “pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas”.

Por tanto, añade que pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua. Como ejemplo, citaba los de otras factorías en una situación similar.

Por su parte, Ence celebra que la decisión del Tribunal Supremo (TS) conocida este martes “despeja la incertidumbre” sobre la pastera en la ría de Pontevedra, ya que podrá seguir con la concesión de los terrenos hasta 2073. En este contexto, el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, promete diálogo con la sociedad, también con los colectivos “más críticos” con su actividad, con los que planea reunirse.

“Queremos seguir escuchando la voz de todos, respondiendo a las inquietudes de nuestro entorno para, juntos, ser capaces de visibilizar todo lo que aportamos a esta comunidad, así como de continuar avanzando y mejorando”, ha afirmado, a través de un comunicado remitido a los medios tras conocerse que el Supremo ha estimado el recurso de Ence contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional que tumbaba la prórroga de la concesión decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016.

La continuidad de la factoría en Pontevedra ha supuesto un debate abierto tanto en la sociedad de Pontevedra –con manifestaciones a favor y en contra–, como en el ámbito político, y ha incluido cambios de postura, incluso desde la Administración autonómica.

De hecho, el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo reivindicó en su día la retirada de la factoría de su actual emplazamiento, pero cambió de postura en el año 2015, poco antes de las elecciones municipales, como previamente habían hecho los populares en el ámbito local. Desde entonces, la Xunta de Galicia llegó a manifestarse partidaria de analizar un posible cambio de emplazamiento, pero oídos los argumentos de la empresa, secundan la versión de que no hay otra ubicación posible para albergar la factoría y esgrimen que cualquier traslado supondría un cierre con el consecuente efecto en “miles” de empleos.

Una vez conocida la sentencia, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha celebrado esta victoria de “muchas, muchas familias que van a poder seguir viviendo y trabajando en Pontevedra y en Galicia”. En una valoración a través de su cuenta oficial de Twitter, el titular del Gobierno gallego considera que con esta decisión del Supremo, que tumba las resoluciones de la Audiencia Nacional que habían anulado la prórroga concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, “gana la sensatez y gana la legalidad”.

“Después de muchos meses de incertidumbre, los puestos de trabajo quedan asegurados en nuestra comunidad“, ha valorado.

En el sentido contrario, Greenpece, ha lamentado la decisión porque considera que “permitirá a Ence seguir dañando la ría de Pontevedra” al avalar la prórroga de 60 años concedida por el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Para la ONG esta prórroga fue un regalo del entonces ministro del ramo, Miguel Arias Cañete.

“Esta sentencia no permitirá que se libere el dominio público marítimo-terrestre de la ría de Pontevedra de una actividad altamente lesiva y que resulta incompatible con la Ley de Costas, pues podría desarrollarse en cualquier otro lugar”, ha valorado en un comunicado la ONG. Para Greenpeace, “la presencia de Ence en la ría no está justificada tal y como declaró la Audiencia Nacional y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo”, pues, según argumenta, “impide recuperar la marisma de Lourizán para el patrimonio natural gallego, para el bien común y restaurar el desastre generado en los últimos 60 años”.

“A pesar de todos los argumentos de peso, el medio ambiente hoy sale perdiendo”, ha declarado el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos.

Por último, Greenpeace ha manifestado que seguirá trabajando “con herramientas como la concienciación social, la investigación, la incidencia política, la defensa jurídica y la acción directa no violenta, por la preservación del litoral y la salvaguarda del medio marino en su conjunto, incluyendo las marismas de Lourizán”. Este mismo martes, Ence se ha disparado más de un 26 por ciento en la Bolsa española después del fallo del Supremo, dado que la factoría podrá seguir operando hasta 2073.