La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha calificado la nueva ordenanza que regulará las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad como una "cortina de humo" de la que se pretende valer el gobierno local para "tapar 18 años de inacción" de Abel Caballero en materia de vivienda.
Según ha argumentado la jefa de la oposición en el Concello de Vigo, la norma que se debatirá este lunes en el pleno de la corporación municipal supone "un intento de poner el foco en los arrendamientos vacacionales y desviar la atención de la falta de políticas municipales" para abaratar los precios de los alquileres residenciales.
"Tras casi dos décadas de pasividad y falta de planificación, se pretende que una ordenanza solucione todos los males. Pero la realidad es que esta regulación no va a crear ni una sola vivienda pública, no va a bajar los precios por sí solos y no va a corregir los errores acumulados de una política inexistente", ha advertido.
Luisa Sánchez ha recordado que el Concello de Vigo no ha construido una sola vivienda en los últimos 18 años a pesar de ostentar competencias para ello y ha lamentado el "fracaso" del programa de subvenciones lanzado para reformar pisos vacíos y ponerlos en el mercado. Tal y como desveló recientemente el PP de Vigo, solo se ha acogido a él un propietario en toda la ciudad.
Además, Luisa Sánchez ha criticado al Gobierno local socialista por rechazar todas las alegaciones presentadas por el PP a esta ordenanza. Entre otras propuestas, el grupo municipal popular planteaba un régimen transitorio aplicable a las VUT que estuvieran inscritas con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza que acrediten actividad efectiva conforme a la normativa sectorial. "Se aplica una retroactividad lesiva y se cambian las reglas del juego a mitad de partido. No se le puede decir a quienes han invertido, cumplido y confiado en la ley que ahora su actividad queda prohibida sin transición y sin alternativa", ha señalado.
Asimismo, según la presidenta local del PP, la nueva normativa regula de forma uniforme todas las viviendas turísticas, sin diferenciar entre usos ocasionales, no profesionalizados y explotaciones intensivas "pese a que su impacto urbano, social y económico es radicalmente distinto".
Adicionalmente, el texto que se debatirá este lunes aplica "restricciones generales" que afectan a operadores cumplidores, en lugar de reforzar el control sobre las VUT ilegales o incumplidoras, que son, a juicio del Partido Popular "las que generan los principales problemas de convivencia en Vigo".
Por otro lado, las alegaciones populares instaban a introducir una revisión periódica de la ordenanza y a realizar cada dos años un análisis de su impacto en el mercado para valorar la eficacia de las medidas incorporadas. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por el gobierno local socialista.
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