Una sentencia del Tribunal de Instancia de Pontevedra certifica que la bonificación del 95% que se aplicaba Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa), concesionaria de la AP-9, sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dejó de tener validez desde el 19 de agosto de 2023 y obliga a la empresa a pagar 59.284 euros reclamados por el Concello de Valga, en el norte de la provincia de Pontevedra, sobre el periodo restante de 2023.
Una vez conocido el fallo, a través de un comunicado, el alcalde, José María Bello Maneiro (PPdeG), ha manifestado la "satisfacción" del Gobierno local por esta victoria que, a su juicio, "abre camino para el resto de concellos" por los que discurre la autopista de cara a reclamar el impuesto correspondiente.
En concreto, la resolución judicial del 2 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto la empresa a la presunta desestimación de otro recurso presentado a la resolución del regidor de mayo de 2024. Así y todo, todavía cabe recurso de apelación al fallo.
La resolución municipal consistía en una liquidación que reclamaba la cuota íntegra del IBI del tramo la AP-9 en Valga entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. La cantidad reclamada era de 59.284,40 euros y, ahora, la sección del Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia ratifica que así debe abonarla.
El fallo recoge que Audasa "sabía perfectamente años atrás" --así lo marca un convenio aprobado por Real Decreto-- que en 2023 solo disfrutaría de la bonificación "por una parte proporcional del mismo y no por la totalidad".
En este contexto, el regidor ha recordado que Valga fue el único concellos de las dos provincias por las que pasa la AP-9 (A Coruña y Pontevedra) en presentar esta liquidación. "Valga ha defendido los intereses de todos los ayuntamientos afectados", ha concluido
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