A falta de menos de tres meses para que finalice el año, y por tanto para el plazo fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica para que las ciudades españolas pongan en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Vigo tiene todavía mucho trabajo por hacer. El alcalde, Abel Caballero, ha avanzado este jueves que el Gobierno local está ya ultimando la contratación de los sistemas de control de entrada y salida a las áreas con circulación restringida. “Avanzamos para la contratación de los mecanismos de control, y nos viene muy bien porque en algunas zonas como Casco Vello ya está establecida, ya la tenemos”, expresó preguntado por la prensa.
Con todo, una vez más el Gobierno local llega con los plazos muy justos para cumplir con el calendario fijado por el Ministerio -unos plazos que además ya habían sido ampliados pues las ZBE debían estar activas al finalizar el pasado año-. Ahora, el Gobierno fija que estas áreas deben estar operativas antes de enero de 2024, un plazo que Vigo duda poder cumplir. “No es fácil ni aquí ni en ningún sitio de Europa”, justificó Caballero.
En realidad, el Concello de Vigo se ha mostrado hasta ahora muy reticente a ser transparente con estas áreas y a activarlas tal y como impone el Gobierno. Aunque Caballero abogó en 2022 por "sosiego y diálogo" para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones, por ahora apenas se ha abierto el debate social sobre cómo deberían ser. Lo único que el Ejecutivo local ha filtrado es un boceto con cuatro áreas en las que se restringirá la circulación a los vehículos más contaminantes. Se trata de la Zona Centro, entorno de la Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Los criterios municipales para seleccionar estas áreas se corresponden con calles donde hay una intensa actividad comercial y peatonal, zonas donde hay que seguir disminuyendo la contaminación acústica o áreas que no tienen suficientes zonas verdes en la cercanía.
Lo que sí defendió en el pasado el alcalde vigués es que “no habrá mecanismos de sanción”, lo que plantea dudas sobre cómo se hará cumplir con la medida. El Ejecutivo local cree que la ZBE es “discriminatoria en términos sociales” y por eso defiende que “Europa tiene que potenciar el cambio de parque de vehículos”.
La tramitación que ahora pondrá en marcha el Concello será la licitación de los sistemas para poder implantar las ZBE y vigilar el cumplimiento de las mismas a través de cámaras y otros elementos de control. El Concello recibió una subvención de 4.055.281 euros de fondos europeos para poder hacerlo -de un coste total estimado en 5,4 millones-.
La norma estatal deja en manos de los ayuntamientos decidir a qué vehículos se prohibirá el acceso. El Real Decreto aprobado por el Gobierno fija que los gobiernos locales deberán incluir "prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante" señalando que las "prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante". Se se entiende que todos aquellos que no cuentan con etiqueta de la DGT (gasolina matriculados antes de 2001 y diésel de antes de 2006) no podrán circular por los espacios delimitados.
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